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Imagine you're a parent. One day, your child goes to a protest and doesn't come back. This is the story of the Ayotzinapa movement. Students from Ayotzinapa were known for stealing buses, which led to clashes with the police. On September 26, 2014, the students planned to go to Mexico City for a protest. They hijacked buses to transport them, but the police intervened. A confrontation ensued, resulting in the death of two students. The police arrested many students, and 43 of them were reported missing. The search for the missing students continues, but so far, no trace of them has been found. Investigations suggest that the police handed them over to a criminal group called Guerreros Unidos, who allegedly killed and incinerated them. The government's official version of events has been widely criticized. Imagínate que eres padre de familia. Un día por la mañana, tu hijo recibe una manifestación. Llega la tarde y la noche y no sabes absolutamente nada de él. Le han pasado casi 10 años sin pensar en nada. Me llamo Josefina Ramírez y hoy te presentaré el movimiento de ayahuasca. Como antecedente hay que entender que los alumnos de la normal de Ayotzinapa tenían un historial de reproducción de autobuses falsos y falsas, lo que regularmente ocasionaba enfrentamientos con la policía. A partir de los hechos ocurridos en el 2014, choferes y líneas de autobuses comenzaron a contestar y a acordar el uso de los autobuses con las condiciones de que los estudiantes no lo manejaran. Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre de 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, estudiantes habían retenido autobuses y robado combustible a lo largo de una semana para concentrarlos en la escuela. El día 21 de septiembre, las fuerzas de la policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la autopista del Sol que conduce a Tlatelolco. Grupos de estudiantes pasaron a la Ciudad de Iguala en la tarde del día 26 para buscar vehículos, al menos tres autobuses. Al llegar a la central camionera, se apoderaron de tres autobuses, dos de la línea Costa Light y uno de Estrella Roja. Por su parte, en la Ciudad de Iguala, el alcalde desde el 2012 interrogó a José Luis Tabarca, el cual se le ha acusado de estar cualudido con el grupo criminal Guerreros Unidos, ayer expresadamente pagado por la opción. Esa noche del 16 de septiembre, el distrito de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles. Hay que recalcar que no existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos y sus compañeros buscaran intercambios en el evento. Recapitulando, tras la última toma de los tres autobuses en la central camionera, cuatro de ellos formaron una caravana, debido a que los estudiantes horas antes de llegar al distrito, interceptaron otros autobuses. Debido al denso tránsito, tomaron rumbo hacia el norte, iban hacia el centro periférico de Iguala, para llegar a la calle final. El detalle es que eso los haría pasar a una cuadra de autoteco del VIF. Sin embargo, alertados por un aviso del chofer, la policía comenzó a perseguirlos a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la colectiva se acercase al evento. De acuerdo con las declaraciones del fiscal que revence, Inaki Blanco, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21.30 horas, cuando la policía interceptó el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance, en la esquina de las calles Juan Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos se bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino a la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano, forcejó y sometió a uno de los policías, agentes de la policía municipal de Iguala, abrieron fuego contra él, hiriéndolo gravemente, y matando a su compañero, Daniel Solís Gallardo. Datos georreferenciados implican a los policías municipales de Iguala, Daniel Armando Fausto y Raúl N., en el sitio de ataque. Entre estos hechos y a las 22 horas, el subdirector de la Policía Municipal de Cobula, César N., dio la orden a su comandante Ignacio N., de acudir a apoyar el enfrentamiento en Iguala. La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores. Sin embargo, la Policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían bajado de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenían del último momento. Durante el ataque, varios de los estudiantes normalistas se comunicaron por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 kilómetros de distancia entre Ayotzinapa e Iguala para ayudar a sus compañeros atacados. El segundo convoy de estudiantes llegó alrededor de las 23 horas por la noche del 26. Se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron de la Estrella Roja. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CTEG, comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar alumnos ocultados tras la balacera. Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista Chilpanzingo, otro grupo de policía disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol avispones de Chilpanzingo, de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de estudiantes normalistas. Este equipo de Chilpanzingo iba de regreso a su sede tras un partido de visitantes de Iguala. La mañana del 17 de septiembre, elementos del ejército mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Los primeros informes reportan la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secoltados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre se informa que 14 de ellos estaban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en la salida de desaparecidos. Ese mismo día se señaló al presidente municipal de Iguala, quien se abarca como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de los padres de familia junto con normalistas se fueron resguardados por los elementos de la Fuerza Estatal en ese 29 de septiembre, intensificando el operativo a buscar posibles cadáveres en pozos comunes. El día 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una poza clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Finalmente, los análisis forenses dictaminaron que esos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos. El día 9 de octubre, la PGR encontró cuatro pozas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos. Jesús Murillo Karam, en ese entonces Procurador General de la República, informó el 13 de octubre que aparentemente elementos de la policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías presuntamente procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, de acuerdo con testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, detenidos bajo tortura, Ángel Casarrubias Salgado, habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente con la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de los Rojos. Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, hechos luego de ser torturados, los estudiantes habían sido llevados al basurero municipal de Cocula, hacinados en dos camionetas. Al arribar, 15 de los estudiantes habían muerto de asfixia y al bajarlos debido al hacinamiento y a la tratadura. Una vez bajados, los estudiantes sobrevivientes se les interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo a la nuca. Después los habían tirado a la parte baja del basurero donde habían incinerado los cuerpos, presuntamente haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas, arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar, se habría ordenado a los vigilantes que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en huesos de plástico y arrojarlas al reservoir. La Procuraduría General de la República informa el 7 de noviembre de 2014 que según sus investigaciones encontraron indicios de un homicidio gastivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los coincidentes estudiantes desaparecidos en el pasado 26 de septiembre. Indicó que dos personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que los policías de los municipios de Igual y Cocula se los entregaran al grupo criminal conocido como Guerrero. Al 27 de enero de 2015, de acuerdo con la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos, Los Rojos, junto con el director de La Normal, José Luis Hernández, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala. En la confusión de esa noche de si eran estudiantes o del grupo rival Los Rojos o por una mezcla de ambos, el cártel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde tras ser asesinados por elementos de la policía, dos estudiantes que protestaban, Jesús Álex y Herrera Pino y Gabriel Echeverria de Jesús Normalistas, incendiaron una gasolinera en un bloqueo en la autopista del Sol, donde murió por quemaduras Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de la gasolinera. Lo anterior mencionado es algo que la PG reconoció como la verdad histórica, es por eso que al principio les comentaba yo que hayan robado gasolina, porque de los actos ocurridos antes de la fecha del 26 de septiembre se tomaron para poder construir lo que se llamó la Fuerza Histórica. En junio del 2019 se hizo público un video en donde se observa cómo algunas de esas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura de agentes de la PGR, de los cuales tres fueron detenidos en 2020. En este año se hizo público un video donde el propio director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, participaba en los interrogatorios con tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, quien declaró Murillo Kram que quien presuntamente se le dio la orden de realizar el crimen. En octubre del 2021 se revelaron fotos y videos donde estaban presentes Tomás Zerón y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en donde se observa a El Cepillo encapuchado y esposado. Posteriormente se le muestran videos de las declaraciones de otros delitos integrantes de Guerreros Unidos, como Agustín García Reyes, alias El Cherelle. Dicho video muestra a Felipe Rodríguez Salgado muy diferente en estado físico y anímico, al mostrado en otro video, declarando al aperito de la PGR, Evelina Aguilar Gómez, en donde se le observaba descancado, limpio y declarando voluntariamente, mismo que fue filtrado en 2017 a los medios de comunicación, con el fin de confirmar la verdad historia. Padres de familia, abogados de organizaciones de apoyo de las víctimas de la Escuela Normal Rural, rechazaron la información primera por las autoridades federales sobre las muertes de sus hijos, y acudidos porque carecían de un sustento científico y técnico, dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. Padres de familia, abogados de organizaciones de apoyo de las víctimas de la Escuela Normal Rural, persiguieron la búsqueda de los 43 estudiantes en diversas parajes, y con ello la centrovista, por informantes que pudieron presenciar los hechos. Integrantes de grupos de autodefensa del Estado de Guerrero, notificaron en diciembre de 2014, que los padres que trajeran diversos recorridos, habían localizado restos humanos en la barranca Oferio, llamada la carnicería, en las afueras de Cocula, y a 800 metros del basurero de Cocula. Para el 15 de enero de 2019, fue instalada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Yotzinapa, por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Mexicano en esta nueva administración. Su función era facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la Fiscalía Especializada para el Caso Yotzinapa. La Fiscalía General de la República declaró el 30 de junio de 2020, a través del Fiscal General Alejandro Herr, que el fin de la verdad histórica como investigación del caso. El 26 de septiembre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, declara ante los padres y las madres de las víctimas, que dada las falsificaciones de pruebas y testimonios, la única verdad es que no había verdad, que encontrarla era la encomienda que había que cumplir. El abogado de los familiares de los estudiantes declara en 2021, que el ejército mexicano había bloqueado el acceso a la información oficial del caso, y que algunos documentos habían sido destruidos y que no ponían ya consultancias, y señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional argumentaba cuestiones normativas para rechazar peticiones de los padres a acceder a todos los documentos sobre el caso. En un decreto emitido el 4 de diciembre de 2018, por el jefe ejecutivo de ese entonces Andrés Manuel López Obrador, instituye la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio de derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tenían que conocer la verdad. El 30 de junio de 2020, Alejandro Gertz anuncia en conferencia que la versión histórica era errónea, al obtener órdenes de aprehensión que incluían una solicitud para que el abogado de los estudiantes no pudiera acceder a la información oficial del caso. El abogado de los estudiantes, Alejandro Gertz, era errónea al obtener órdenes de aprehensión que incluían una solicitud de ficha roja al Interpol para la detención de Tomás Ferón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. En una videoconferencia realizada por Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, fue anunciada la coincidencia del ADN del estudiante Yoshvani Guerrero en los restos localizados en la barranca de la carnicería, con una certeza del 99% sin que estos restos presentaran marcas de incineración. Mensajes de texto interpretados por el extranjero mexicano, y dados a conocer por la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el 1 de septiembre de 2021, se firman el diálogo entre los días 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014 entre Francisco Salgado Ballares, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala. Mensajes de texto interpretados por el ejército mexicano, y dados a conocer por la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el 1 de septiembre de 2021, confirmaron el diálogo entre los días 26 de septiembre y 4 de octubre entre Francisco Salgado Ballares, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Vargas, director de la Policía Municipal de Iguala, y una persona denominada Gil, presuntamente Gil Aldo López Estudillo, presunto jefe regional de Guerreros Unidos, así como de Alejandro Palacios, El Cholo, y Ramón, presuntamente policía del municipio de Tepehuilco, estos últimos presuntamente gente de confianza de López Estudillo. Dichos diálogos confirman la coordinación en la entrega de los estudiantes desaparecidos entre la Policía de Iguala y el crimen organizado, así como la existencia de ubicaciones adicionales donde habrían sido llevados los estudiantes, versión diferente expresada por la Verdad y Acceso. La revista Proceso implicó la participación de la Policía Federal Mexicana y el ejército mexicano en el caso de un informe de diciembre de 2014. La periodista Anabel Hernández indicó que dos de los autobuses involucrados en el ataque transportaban heroína, en secreto, sin el conocimiento de los estudiantes. Hernández García sostuvo que elementos del crimen organizado ordenaron al batallón de infantería 27 del ejército mexicano interceptar la droga, donde los estudiantes testigos del ataque fueron asesinados como daños colaterales. También hay informes que vinculan a las fuerzas federales en el caso, donde afirman que el personal militar en el área se abstuvo deliberadamente de ayudar a los estudiantes en peligro. ¿Por qué el caso Ayotzinapa marcó a la sociedad mexicana? Uno, por la desaparición forzada de un grupo tan grande de jóvenes que conmociona al país y genera un profundo dolor y sobre todo indignación. Y evidencia también la brutalidad y la violencia que imperaban en México, especialmente contra los jóvenes y contra las comunidades marginadas. La participación de autoridades estatales y federales en la desaparición de los estudiantes puso en tela de juicio la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Esto generó un debate nacional sobre la corrupción, la impunidad y la crisis de derechos humanos en México. La desaparición también desata un movimiento social sin precedentes que exige justicia, verdad y sobre todo memoria. El movimiento ha logrado mantener viva la llama de la esperanza e inspirado a otros movimientos sociales a luchar por sus derechos. Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad y la búsqueda de un México más justo y equitativo. El caso ha motivado a la sociedad para organizarse y exigir cambios estructurales al país. Además que ha tenido un impacto significativo en la cultura mexicana inspirando obras de arte, música, literatura e incluso cine. La tragedia ha generado una profunda reflexión sobre la violencia y la memoria en el futuro del país. En resumen, el caso Ayotzinapa ha marcado a la sociedad mexicana por su brutalidad y por el cuestionamiento que generó el Estado, el momento social que desató y por convertirse en un símbolo de lucha por la justicia y a pesar de que hay avances en la investigación y la presencia de la impunidad, el caso Ayotzinapa sigue vivo en la memoria de la sociedad mexicana y continúa siendo un llamado de atención para construir un país mejor. Por mi parte, eso es todo. Hasta aquí llega un pequeñito breve resumen de lo que fue el caso Ayotzinapa porque sí es demasiado denso. Y así que cuídense si es que llegan a salir de manifestación porque no sabes si llegarás a casa.