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Alejandra Papp, a university professor, discusses the views of Axel Kaiser, who argues that education should be viewed as an economic good rather than a right. Kaiser believes that education should be funded and distributed by the market, rather than by the government. He supports market-based solutions for education, such as vouchers and tax-free savings accounts. Papp disagrees with Kaiser's views and argues that education is a fundamental human right that should be accessible to all, regardless of their socioeconomic background. She highlights the history of education in Argentina and emphasizes the role of the state in ensuring access to quality education. Papp concludes that Kaiser's ideas of privatizing education would lead to discrimination and inequality. de la carrera profesora universitario en la materia de Problemas Históricos y Políticos de la Educación. Mi nombre es Alejandra Papp, de la Comisión 124C. Vamos a responder, a hacer un análisis de la nota realizada del señor Axel Kaiser. Haré un breve resumen de los alegatos del señor Kaiser, porque nuestro Presidente, el señor Javier Milei, coincide también en estas convicciones de ultraderecho. El señor Kaiser tiene una visión muy particular sobre la educación pública. Sostiene que la educación no es un derecho de las personas, sino un bien económico. Argumenta que estos son escasos y satisfacen necesidades o deseos, y que la educación se ajusta a esta definición. Sus puntos de vista son liberales y pro-mercado, con opiniones específicas sobre el financiamiento público de las escuelas. Kaiser ve a la educación como algo que debe ser financiado y distribuido por el mercado, en lugar de ser proporcionado y financiado por el gobierno, ya que éste se basa en impuestos recaudados a los ciudadanos bajo coerción. Defiende el liberalismo económico, tiende a favorecer soluciones de mercado para los problemas económicos y sociales del Estado. Sugiere reducir la intervención del gobierno y aumentar la competencia y elección en el sector educativo. Incluye medidas como vales educativos, que permitiría a los padres utilizar fondos públicos para la escolaridad pública o privada en su elección. Cuentas de ahorro, libre de impuestos, que permitan a los padres ahorrar para los gastos educativos. Escuelas privadas, que operen independientemente de los distritos escolares tradicionales y con la flexibilidad en términos de currículo y operaciones. Observación propia, el señor Kaiser proviene de una familia de capital socioeconómico-cultural alto, ha estudiado toda su vida en colegios privados en su país natal Chile, ha realizado posgrados y maestrías en Alemania. Toda su trayectoria parte de una posición acomodada en la sociedad. Por ende, su visión parte de una realidad social que claramente no es la de todos. ¿Qué hubiera ocurrido si el señor Kaiser hubiera nacido en sectores populares de la población? ¿Habría podido estudiar? ¿Y llegar hasta donde llegó académicamente? Tal vez. Sí, tomamos a la educación como un derecho humano fundamental, que cada persona sin importar su origen, género, edad, religión, orientación sexual o cualquier otra característica, tiene el derecho de recibir una educación de calidad, y los estados garantizan este acceso asegurándose de que sea gratuita, de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, estableciendo estándares mínimos de conocimiento y mejorando continuamente su calidad. Paglianiti, en su texto El derecho a la educación, una construcción histórica polémica, nos dice «Es el derecho del hombre al desarrollo de la personalidad por medio de la educación, a la adquisición de los conocimientos científicos y técnicos que corresponden a la época en que se vive, y al desenvolvimiento de sus actitudes vocacionales para lograr sus máximas potencialidades en beneficio de la sociedad». El derecho de aprender se identifica con la libertad, es el derecho de la personalidad a su máximo crecimiento sin deformaciones dogmáticas. Silvia Barco, en su texto Tiempos de hacer política educativa y de conquistar igualdad, dice «Conquistar la educación como derecho social es una condición necesaria para la inclusión que integra y reúne a todos en tanto iguales y singulares diversos al mismo tiempo. Interpretar la educación como derecho social exige que el Estado sostenga la educación pública, la promueva y la extienda, y que garantice a los ciudadanos una situación de certidumbre». Repasamos un poco de la historia política sobre la educación. La política y la educación están intrínsecamente relacionadas y se influyen mutuamente. El Estado puede dar forma a la educación a través de las políticas y regulaciones, y la educación puede influir en la política de formar a los ciudadanos y proporcionarles el conocimiento necesario para desarrollarse como ciudadanos discernientes y participantes de la política. Ya para Belgrano, en 1813, la educación era entendida como un fundamental y necesario motor de progreso de la sociedad, y manifestaba una sociedad a cargo del Estado, de acercar a las escuelas al pueblo, a los que menos tenían. Los caudillos federales también impulsaron la educación para todos. Incluso Farmento y Roca promovieron el concepto de «escuela». La Ley de Educación Argentina, n. 1420, estableció la educación obligatoria, gratuita y laica, ya en 1884. En 1945, se sanciona la Ley de Enseñanza Secundaria y Superior, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación secundaria y superior en Argentina. El gobierno peronista, en 1947, multiplicó por 10 el presupuesto educativo. La universidad pasó de tener 40.000 estudiantes a 150.000, por la gratuidad. El reforme Guillermo Ruiz, en la nueva reforma educativa según sus bases legales, cuenta. En el año 2006, la Ley de Educación Nacional, n. 26.206, está aprobada por el Congreso de la Nación, constituyendo un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Sus contenidos están orientados a resolver los problemas de segmentación y desigualdad que afectan al sistema educativo y enfrentar los desafíos de una sociedad en la cual el acceso universal a la educación de buena calidad es requisito para la integración social plena, regula el ejercicio de enseñar y aprender. El artículo 3 establece que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. La ley contempla la obligatoriedad de la educación secundaria, en el artículo 29, junto con el último año de la educación inicial, en el artículo 18. La obligatoriedad de la escolaridad será de 13 años en total, con 4 niveles educativos, inicial, primario, secundario y superior, y 8 modalidades educativas, técnico-profesional, artística, especial, permanente, jóvenes y adultos, intercultural, bilingüe, rural y educación en contextos de privación de la libertad, domiciliaria y hospitalaria. Volviendo a los cambios de paradigma del señor presidente Millés, que tiene la misma ideología del señor Kayser sobre regular el mercado de la educación mediante la oferta y la demanda, inhabilitando la responsabilidad del Estado, su pensamiento antiestatista y los derechos sociales, que son indispensables para convivir, los acuerdos de cómo educar a las generaciones para el futuro, por ejemplo, enseñar la Constitución y las leyes, que para ellos está mal, implicaría no solo el retiro del Estado en la planificación educativa, sino que también afectaría a las escuelas privadas, en la medida en que las decisiones no serían tomadas por condiciones pedagógicas, sino por la ley de oferta y demanda del mercado. Tengo una reseña del artículo de Edgar López, ex ministro de Ambiente de Ecuador, en Educación Democrática para enfrentar la educación neoliberal. Dice, la privatización educativa como un mecanismo de exclusión de los más pobres y de definición de un tipo de educación para cada clase social, o sea, una calidad de educación según la capacidad de pago, sosteniendo que una educación para los más aptos, hablando económicamente, quedará a la lista simbólicos y otra educación dará como resultado a la masa de trabajadores de servicios y operadores manuales, con la concepción neoliberal de la educación como mercancía, ya no como un derecho humano. En la revista Intercambio, de la nota de 4 de 12 de 2017, comenta, no se ha podido demostrar que la privatización mejore la calidad educativa, cualquiera sea la concepción que se tenga de la misma. La educación privada no es más que un mito, construido por intereses privados. El presidente también propone que la educación primaria y secundaria no sea obligatoria, según él, no funciona obligar a alguien a estudiar. A lo largo de la historia, es evidente que la clase política no se ha basado en ninguna investigación a la hora de reformular los fundamentos de la educación y el acceso a la misma. Esta situación desnuda la ausencia histórica de voluntad política para enfrentar los problemas socioeducativos. Según Pablo Igranite, en concepción del derecho a la educación como un derecho social, alcances y límites, así el derecho de enseñar constituye sólo una forma específica de otro derecho genérico, que es el derecho de trabajar, y también va implícito el derecho de los docentes a la libre expresión de sus ideas. Además, configurar la expresión de una función del Estado es el Estado docente. La República Argentina se ha distinguido por la gratuidad de los servicios educativos. En los últimos 40 años pasó de tener una escolarización de 7 años de obligatoriedad a 14, del 60% de chicos a 95% de chicos en los colegios. ¿Qué funciona la obligatoriedad si los sectores más vulnerables pueden mandar a sus hijos a la escuela? Porque hay un Estado atrás. Una de las funciones principales del Estado es garantizar que la educación se cumpla y garantizar el derecho fin del ser humano. Al señor Alex Kaiser lo clasifican como ecologista de la desigualdad, y no es para menos con sus ideas segregacionistas. El presidente de los argentinos sigue su paradigma, el de la escuela austríaca, donde los padres se hacen cargo de la escolaridad de sus hijos, pero en otro modelo de país, con otro universo socioeconómico, podría considerarse. No es aplicable en este, sin consecuencias graves para la sociedad, provocando discriminación, desigualdad, desamparo, segregación social, entre otras. Con un 51,8% de pobladores bajo la línea de pobreza, pagamos el dato del Instituto de Itela de 2024, donde así la única luz de esperanza está basada en la educación pública, respaldada por el Estado, un camino superador que iguala, que da oportunidades y que humaniza a todos y todas por igual. Es una herramienta fundamental para consolidar la vida en democracia.

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