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The transcript is from a program called "10 Minutos en Administración Electrónica" where they discuss the work related to e-administration in public administrations and institutions. The guest, Antonio Garcerán Cortigo, talks about electronic administration in the justice sector and the importance of electronic administration for public administrations in Spain. He mentions the laws that form the basis of the current electronic administration system and the implementation of technology in the justice sector, including the use of Zoom for trials during the pandemic. He also discusses the collaboration between public administrations and the private sector in promoting innovation in electronic administration. The benefits for citizens include simplified processes, transparency, and greater control over administrative actions. However, there are still challenges in ensuring access for older adults. Future initiatives include interoperability and increased investment in cybersecurity. Bienvenidos al programa 10 Minutos en Administración Electrónica, un espacio en el que desde el Grado y Doble Grado en Gestión de Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, queremos dar a conocer el trabajo relacionado con la Administración Electrónica que se está haciendo en las Administraciones Públicas y en aquellas instituciones o empresas que están vinculadas a ella, y queremos hacerle de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estos organismos, por eso nuestro invitado de hoy es Antonio Garcerán Cortigo, quien fue Director del Colegio de Procuradores de Madrid y un Auditor Informático, es decir, él nos dará una visión de las Administraciones Electrónicas que están enfocadas en la justicia, ya que fue uno de los propulsores del sistema Nesnet que se trata de las notificaciones telemáticas entre los sujetos y los profesionales en la justicia, pero bueno, demos paso a Antonio, buenos días Antonio, háblanos un poco de ti. Hola, buenos días, bueno, yo he sido gerente del Colegio de Procuradores de Madrid y gerente del Consejo General de Procuradores de España y por lo tanto he estado también en la Unión Interprofesional y la Unión Profesional que agrupa a todos los colegios profesionales de España, en total más de un millón y medio de profesionales. ¿Podrías describirnos un poco lo que consideras tú que es la Administración Electrónica y lo importante que es para las Administraciones Públicas aquí en España? Bueno, la Administración Electrónica convierte en universal el derecho de la ciudadanía a relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica y también unifica los procedimientos y los sistemas de información, además de compartir datos e intercambio de información entre ellas. Pero hay dos leyes que sí me gustaría destacar en las que se basa el actual sistema de Administración Electrónica, la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40 de 2015 del Procedimiento Jurídico del Sector Público, que creo que son fundamentales para el desarrollo y la implantación de la Administración Electrónica. Hablando sobre la implantación, ¿desde cuándo has notado, desde cuándo consideras que se ha llevado a una plena implementación de las tecnologías en lo que es la Administración? No hace demasiados años, se ha puesto en marcha un conjunto de soluciones y servicios que facilitan la implantación de la Administración Electrónica y de ahí su importancia. Pero hay tal vez dos hechos que sí han impulsado, uno es el desarrollo de la firma electrónica por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timre, lo cual dio bastante garantía independientemente de que haya otras firmas privadas, y un plan de digitalización de 2021-2025 que también se impulsó desde los Ministerios. Este plan ha estado amado posteriormente por el General Decreto 203 de 2021 en el que se aprueba el Reglamento de Administración y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, que además tiene como objetivo final la mejora de los procesos en los servicios públicos y el apoyo a las políticas públicas. Como estamos hablando sobre las implementaciones y cómo hay que mejorar, yo creo que el impacto que tuvo a través de la pandemia impulsó esta mejora o la necesidad de buscar medios para una digitalización de la Administración, ¿no? Bueno, en el área de justicia, que es en el que yo me desenvuelvo, se va bastante atraso si se compara con otras Administraciones, como puede ser la Administración Tributaria, empezando porque existen diferentes programas de gestión en cada una prácticamente de las autonomías, lo cual complica bastante la integración de las distintas aplicaciones, así como la comunicación con ellas por parte de los profesionales, ni qué decir tiene con el ciudadano. Se está trabajando en la comunicación y la integración de datos entre diferentes regiones de autonomía, pero concretamente a partir del COVID y durante él en el área de justicia y por pura necesidad se implantaron los juicios mediante Zoom, algo que ha agilizado bastante la tramitación de los procedimientos y que si no hubiera sucedido durante el COVID hubiese tardado años en implantarse. Desde luego, y porque no había otra solución, se ha acelerado la utilización de la tecnología y las comunicaciones y algunos de los cambios han llegado para quedarse. Eso, sobre esos cambios que estamos hablando de que han llegado para quedarse, podemos saber si las Administraciones Públicas y también el sector privado están trabajando para impulsar una innovación en la administración electrónica. Bueno, la Administración está impulsando desde luego a las empresas privadas. Bien es cierto que las empresas privadas normalmente están por delante de la Administración en cuanto a desarrollo de aplicaciones, pero sí es cierto que en la comunicación con la Administración lógicamente debe de llevar la voz cantante los ministerios. En el área de justicia, me gustaría poner un ejemplo, está el Consejo General del Poder Judicial que ha desarrollado una herramienta, una aplicación, que es el punto neutro judicial que permite la consulta, la información, el distrito de información con distintos órganos judiciales, pero a la vez también con distintas empresas o distintos organismos. Y en algunos casos también permite que esa comunicación la hagan los profesionales. Por ejemplo, tiene acceso al Catastro, a la Agencia Tributaria, a la Dirección General de Tránsito, a la Institución Anónima de Estadística, a la Seguridad Social, a las instituciones presidenciales. En este caso está muy circunscrito al ámbito judicial, pero yo creo que es importante ver que hay un punto de acceso neutro con total seguridad y a través de un organismo público para poder acceder a esa información. Vale, por ejemplo, estamos hablando de esto, de la total seguridad, pero así como ha habido beneficios de esta implementación, creo que también si nos centramos en las personas mayores, ¿qué beneficios ha obtenido para ellas la Administración Pública? Concretamente a las personas mayores yo creo que todavía es una asignatura pendiente el poderla resolver, pero yo creo que tal vez hablemos de la parte positiva y es en cuanto al acceso de los ciudadanos, ahora hablaré también del tema de las personas mayores, ha significado una simplificación de procesos y de trámites, permite y da la posibilidad de llevar a cabo gestiones a cualquier hora del día, lo que significa desde luego un ahorro de tiempo. También se han creado portales de transparencia, con lo cual los ciudadanos tienen mayor transparencia y control sobre los actos administrativos y desde luego mayor seguridad jurídica. Pero concretamente en el caso de las personas mayores yo creo que todavía hay que trabajar mucho que puedan tener la posibilidad de hacer trámites sin necesidad de tener que empezar a formarse ahora, y estamos hablando de gente de más de 80 años, en cuanto al acceso de las nuevas tecnologías. Creo que hay que hacer algo para que solucione esa laguna que existe. Claro, a raíz de eso quiero decir, ¿sabes si hay algunas iniciativas o proyectos futuros que tengan planeado para la administración para seguir avanzando en este campo? Insisto en que yo me tengo que centrar en el ámbito judicial, y para nosotros ahora mismo lo más importante, algo que es un proyecto a varios años, sería la interoperabilidad, que significa la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que dan soporte de compartir datos y posibilitar ese intercambio de información con conocimientos entre ellos. Algo que es un plan que está presente no solamente en España y que es necesario, sino que está también presente y en el que se está trabajando en todos los programas de digitalización europeos del momento, con algunas subvenciones importantes desde Bruselas. Y desde luego creo que también pediría, y esto es más un deseo, mayor inversión en la ciberseguridad, alcanzar los sistemas informáticos y proteger las herramientas, las plataformas y los datos. Algo que va a dar lugar a bastantes problemas si no se invierte en ello. Estoy totalmente de acuerdo en que la administración pública debería buscar más financiación para lo que es la ciberseguridad, ya que, por ejemplo, esto daría mucho más confianza a los ciudadanos y así estos participarían de forma activa, ya que muchas veces el desconocimiento de cómo funciona, de cómo darse de alta, o la propia inseguridad de si eso les va a provocar un robo de identidad o, sobre todo, de los ciberataques que están sufriendo, provoca más inseguridad, ¿no? Y esto es un gran retraso. Pero bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no se olviden que los esperamos en un nuevo capítulo en el programa 10 Minutos de la Administración Electrónica. Hasta pronto.