43 normalistas

The transcription discusses the social movements in Mexico, specifically focusing on the disappearance of 43 student activists in Ayotzinapa Guerrero in 2014. The students were attacked by police while traveling to participate in a protest in Mexico City. The investigation into the disappearances has been marked by challenges, including incomplete and fragmented information, lack of arrests, and allegations of torture. The National Human Rights Commission has issued recommendations and the government has taken some actions, but justice and accountability are still lacking. The case highlights the issue of government officials being involved with criminal organizations, putting the safety of citizens at risk. The families of the victims continue to demand answers and justice. Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren bien el día de hoy, hablaremos sobre los movimientos sociales de México, a lo largo del tiempo han habido varios, pero un nuevo interés en particular era la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa Guerrero en el año 2014, lo que sucedió fue algo trágico y estos son los hechos. La noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala Guerrero se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la normal rural Raúl Ydulo Burgos de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol, los avispones y población civil en el lugar de los hechos o que pudo ayudar a los normalistas, todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó de Iguala para tomar autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la ciudad de México, por la represión contra estudiantes acaecida en 1968, sin embargo los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a 5 transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles, detuvieron a 43 normalistas a quienes desaparecieron, esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no solo por parte de agencias estatales sino también por la de algunos civiles como que se como después se demostró era parte de la estructura de la organización criminal Guerrero Unidos, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esa zona. A raíz de esta lamentable tragedia el 18 de noviembre de 2014 surgió el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes G.E.I. mediante un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos P.D.I.D.H., los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado Mexicano, su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, además de investigar y sancionar a los responsables a la par de otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes, aunado a ello el 9 de septiembre de 2016 el CIDD.D.H. anunció la primera fase de implementación del mecanismo de seguimiento especial a la medida cautelar 409.14, otorgada con relación a los estudiantes desaparecidos, el propósito era dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el G.E.I. en sus dos informes, dos años más tarde, el 28 de noviembre de 2018, la CIDD.D.H. presente el informe final del plan de trabajo de su mecanismo especial de seguimiento al asunto Ayotzinapa, Mesoamericanismo Especial, el documento establecía una serie de desafíos, una investigación fragmentada, incompleta y sobria, falta de detenciones y continuaciones por desaparición forzada de los responsables, ya fuera por acción u omisión. Igualmente se indicaron la falta de avance en la investigación oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo en las investigaciones sobre la actuación de dos funcionarios de la Procuraduría General de la República T.G.R. y conforma el expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos. Estaría vinculado con grupos criminales en la investigación por el espionaje al G.E.I. y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas. Por otro lado, el 28 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos T.N.D.H. emitió la recomendación por violaciones graves, donde señaló que los acontecimientos ocurridos representaron un agravio para todos los mexicanos, la privación de vida de seis personas, la alteración de la salud y lesión física de otras 42, y la desaparición de 43 estudiantes indigna a la sociedad entera, y especialmente a las familias de las víctimas. Asimismo, dentro de dicha recomendación acreditó las violaciones a los derechos humanos, a la libertad y a la legalidad, y seguridad jurídica, integridad personal y a la vida. Por su parte, la Secretaría de Salud con la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas C.A.V. y Salud del expresado Estado de Guerrero elaboraron el acuerdo mediante el cual se establecieron los lineamientos que regirían en planeación, ejecución y evaluación de medidas de asistencia a atención y posibles reparaciones a víctimas en caso de iguala y en caso de ayotzinapa, mismo que fue firmado el 7 de marzo del 2019. Aunado a ello, el 1 de julio del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos T.N.D.H. incitó a las autoridades involucradas a que todas las actuaciones se realicen garantizando el absoluto respeto a los derechos humanos. Desea que estas investigaciones permitan aclarar el paradero de estos jóvenes y ofrezca a los padres familiares y a toda la sociedad agraviada el resultado confiable que le permitiera a la Fiscalía recuperar el de credibilidad. Después, el 21 de marzo del 2021, el presidente de la T.N.D.H., Rosario Piedra Ibarra, se reunió en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con familiares y representantes de los 43 no desaparecidos para hacer un balance de resultados de los puntos encontrados en los expedientes del caso, escuchándose las peticiones y demandas de las madres y padres víctimas de los hechos ocurridos quienes determinaron necesario en cuanto a la reacción dar seguimiento a los puntos de la recomendación que coadyuven al paradero de los normalistas, dejándose en efecto a los puntos recomendatorios que no lo hagan. El 18 de agosto del 2022, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de los estudiantes, luego dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición constituyó un crimen de Estado en el que ocurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Asimismo, comentó que durante el proceso, 26 personas, la mayoría integrantes de Guerrero Unidos, fueron ejecutadas por el cual se descarta valiosa información en la investigación. Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República, CSGR, informó sobre la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Carrá, presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y disputar a la Administración de Justicia en el caso Carrá, se convirtió en el primer exprocurador en ser detenido por las autoridades federales. Por su parte, el 20 de agosto, la CNDH emitió un pronunciamiento donde ofrecía su solidaridad con las madres y padres de los normalistas, además de que confía en la impartición de justicia en el caso. Los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada y su castigo, resultan fundamentales para la construcción de un Estado de derecho, ya que tortura y desaparición forzada, derechos violentados, privación de la libertad, homicidio y la participación. Este es uno de los casos que trajo consigo un movimiento, varias marchas hicieron para que el gobierno viera con el paradero de los estudiantes. En realidad, se siguen dando estos casos donde servidores públicos tienen contacto y relación con el narcotráfico o grupos delictivos, son los mismos que en vez de dar seguridad nos ponen en peligro. Espero les haya gustado este tema porque son problemas actuales de México. Muchas gracias por su atención. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org